Segundo, una observación: no suelo leer en los diarios sobre fallos (sea de jueces o camaristas o lo q sea) que marquen una postura, una posición razonada sobre los temas que interesan a la sociedad. Es decir, que sienten jurisprudencia. Así que esto de ahora es tipo un animal raro.
En fin: la CSJ decidió que las procesadoras de tarjetas de crédito pueden cobrarnos "gastos administrativos", además de los intereses compensatorios, moratorios y punitorios (este ultimo es un afano, by the way, pero eso es harina de otro costal). Antes de plaguearnos por OTRO COSTO que nos enchufan, veamos los argumentos.
Por un lado, el ministro Altamirano dice:
"La tarjeta, a más de instrumento de crédito, es un servicio, y su utilización irroga gastos y costos que necesariamente deben compensarse; el servicio está destinado a proveer facilidad, ventaja y comodidades a favor del portador, por lo que naturalmente la entidad prestadora de este servicio debe resarcirse de ellos"
A su voto se adhirió el impresentable de Antonio Fretes.
En disidencia argumentó Victor Nuñez:
"no deben adicionarse otros gastos a las tarjetas de créditos, en razón de que los mismos ya fueron calculados para la fijación de la tasa de interés compensatorio, que lleva implícita la carga administrativa, y el costo directo de la intermediación financiera, con un criterio lógico de justicia social"
He ahí dos posiciones encontradas: una que defiende el "libre mercado", digamos, permitiendo que quienes proveen un servicio decidan qué cobrar y qué no, y otra que se preocupa de "proteger" al ciudadano indefenso de la voracidad de las empresas.
Liberalismo vs. Socialismo, en un round.
Yo estoy a favor de la primera opción (lo normal es que acá salte un buey corneta a acusarme de tener intereses creados en el asunto, y la discusión tome el rumbo de los tomates), a pesar de que parece ir en contra del pobre infeliz usuario de las tarjetas, pero con una salvedad: para que la "libertad de elegir" funcione realmente, tiene que haber INFORMACION y RESPONSABILIDAD. El ciudadano tiene que SABER lo que le ofrecen, y tiene que tener OPCIONES, para poder decidir qué le conviene más. Por otro lado, como no es Papá Estado el que te protege de los gastos administrativos, es responsabilidad de cada uno el informarse y decidir.
En un entorno de libre competencia, va a haber procesadoras que te cobran por, digamos, "papeleos de oficina", o te enchufan directamente sus costos burocráticos, y va a haber otras, más eficientes, que no. El usuario mira, se informa, y elige la que le interese más. Y todos salen ganando.
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